Human Rights Watch (HRW) denunció el "desalojo forzoso" de miles de civiles y la destrucción de cientos de edificios y cultivos por parte de las autoridades egipcias para crear una "zona segura" en el norte de la península del Sinaí, en el área fronteriza con la franja de Gaza. La organización detalló en un informe publicado que, entre julio de 2013 y agosto de 2015, el ejército ha demolido 3.255 edificios y ha desalojado a miles de residentes en un área de 79 kilómetros cuadrados, que incluye la localidad de Rafah, con 78.000 habitantes.
Asimismo, 685 hectáreas de cultivos han sido arrasadas, privando de esta forma a los agricultores de su forma de subsistencia.
En el detallado informe titulado "En busca de otra patria", HRW subrayó que muchas familias del norte del Sinaí se han quedado sin hogar y han sido separadas, y viven ahora en tiendas de campaña en espacios abiertos o asentamientos informales o se han visto desplazadas a lugares lejanos como el delta del Nilo y El Cairo.
Todo ello para "presumiblemente eliminar la amenaza de los túneles de contrabando", que existen entre el territorio egipcio y Gaza, y a través de los cuales transitan todo tipo de bienes, incluido armamento.
Según HRW, es "desproporcionada" la actuación del Gobierno egipcio respecto a la amenaza que supone la existencia de los túneles y contraviene tanto la ley humanitaria como las leyes de guerra internacionales.
Asimismo, la organización estadounidense alegó que las autoridades egipcias no han ofrecido evidencias de que a través de esos túneles los grupos extremistas del Sinaí reciban armas y otro tipo de apoyo desde territorio controlado por el grupo terrorista islámico palestino Hamás.
HRW aseguró que los desalojos empezaron en julio de 2013, después del golpe de Estado militar que derrocó al entonces presidente islamista Mohamed Morsi, y se aceleraron en octubre de 2014, tras un gran ataque contra las fuerzas de seguridad en el que fueron asesinados al menos 28 soldados.
Las fuerzas armadas han estado "derruyendo arbitrariamente miles de hogares" y "destruyendo barrios enteros", incluso antes de que el Gobierno egipcio ordenara por decreto la creación de una "zona segura" en la frontera en noviembre de 2014, según pudo comprobar HRW analizando imágenes de satélite.
La organización denunció que Egipto no ha hecho distinción entre edificios civiles y otros, y ha empleado métodos poco precisos para la demolición de los inmuebles como explosivos, maquinaria pesada e, incluso, el bombardeo de un inmueble con un tanque.
Asimismo, dijo que el Gobierno egipcio dispone de la tecnología para detectar los túneles y destruirlos de forma precisa, ya que el Ejército de este país ha sido entrenado para ello por EEUU desde el año 2008.
HRW también criticó que el Ejecutivo egipcio no avisara con antelación ni compensara económicamente de forma adecuada a los propietarios de los hogares y terrenos expropiados, ni que estos fueran reubicados en otras viviendas de forma temporal.
Por otra parte, el informe destacó el aumento de los ataques y de las capacidades de los grupos armados en el Sinaí, en concreto Ansar Beit al Maqdis, que cambió su nombre a Wilayat Sina (Provincia del Sinaí) después de jurar lealtad a la organización Estado Islámico (EI) en 2014.
Los civiles también han estado sufriendo la violencia por parte de los jihadistas, y el conflicto entre estos y las fuerzas de seguridad egipcias se ha recrudecido en el último año.
Según HRW, más de 3.600 personas han fallecido en el Sinaí desde el verano de 2013, entre civiles, uniformados y combatientes. EFE y Aurora
23/09/2015 e AURORA DIGITAL.
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