La Corte Penal Internacional (CPI) concedió el jueves la petición de más de 40 partes -países, ONGs y expertos- para sopesar si Palestina es un Estado y cómo sería la jurisdicción de la CPI en términos territoriales.
El resultado es que la CPI parece estar tomando el tema muy en serio y quiere presentar al mundo la imagen de ser imparcial.
La semana pasada, la República Checa, Alemania, Australia, Austria, Brasil, Hungría y Uganda, así como un gran número de ONG y expertos, presentaron argumentos diciendo que Palestina no es un Estado y que la CPI debe desestimar cualquier acusación de crímenes de guerra contra Israel.
La Organización de Cooperación Islámica y la Liga Árabe, que representaban a decenas de Estados, así como muchas otras ONG y expertos, intervinieron en la parte palestina, presionando para que se investigara los crímenes de guerra.
Todas estas partes pueden ahora presentar informes legales más completos sobre las cuestiones pertinentes hasta el 16 de marzo. Pero la CPI advirtió a las partes que no incluyeran argumentos aparte de la cuestión jurisdiccional. Algunos países han argumentado que ir tras Israel no es “en interés de la justicia” y que perjudicará el nombre de la CPI a nivel mundial.
El 20 de diciembre, la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció su decisión, que fue todo un éxito, de reconocer un Estado de Palestina por las objeciones israelíes, así como su deseo de investigar a los israelíes y a los miembros de Hamás por diversos supuestos crímenes de guerra.
Si la parte pro israelí no logra convencer a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional de que abandone la causa, las FDI y la empresa de asentamientos israelíes podrían estar en peligro legal.
Sólo los Estados pueden remitir un caso a la Corte Penal Internacional, por lo que la cuestión de si Palestina es un Estado es crucial.
Antes de la decisión de Bensouda del 20 de diciembre, su oficina había dicho que también estaba considerando si la Autoridad Palestina podría ser culpable de crímenes de guerra por la tortura de su propio pueblo o por su llamada política de “pagar por matar”.
En una entrevista con The Jerusalem Post después de la decisión del 20 de diciembre, Bensouda indicó que seguía examinando la cuestión pero que no había llegado a una decisión. No está claro si esta cuestión también se presentará ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional en la actual ronda de argumentos jurídicos o sólo en una fecha posterior.
Bensouda puede responder a todos estos países, ONG y expertos intervinientes antes del 30 de marzo.
20/02/2020 en ISRAEL NOTICIAS
No hay comentarios:
Publicar un comentario